Las redes eléctricas precisan una inversión hasta 2030 de 38.000 millones a 46.000 millones de euros para cumplir los objetivos climáticos de CO2, renovables y eficiencia energética; sustituir instalaciones avejentadas; permitir una relevante penetración de generación distribuida, autoconsumo y vehículo eléctrico, así como desarrollar otros servicios, tal que la gestión de la demanda. De toda esa inversión, de 29.000 millones a 34.000 millones de euros corresponderán a las empresas del ramo, según recoge el informe La contribución de las redes eléctricas a la transición energética, elaborado por Deloitte y ellas mismas. Su colaboración se nota porque, a diferencia de otras prospectivas energéticas de la consultora -ésta es la cuarta-, se adentra en analizar el nivel de rentabilidad financiera que deben obtener.

Pasar del 6,5% al 7% en 2020

Tanto añadiendo el diferencial medio aplicado en otros países equiparables a España sobre las Obligaciones del Estado a 10 años, como aplicando el WACC -coste medio ponderado de capital-, resulta que las eléctricas deberían ver incrementada su rentabilidad desde el 6,5% actual hasta el entorno del 7% a partir de 2020, frente a la progresiva bajada hasta el 4,1% que resulta con la normativa vigente. Sin esa subida, sentenció Alberto Amores, socio de Deloitte responsable del estudio, “no se ejecutarán las inversiones”.

Por otro lado, en el caso de que se efectuara ese incremento retributivo, el coste de las redes en los peajes eléctricos aumentaría hasta los 8.000 millones al año, frente a los 6.800 millones de 2016. No obstante, los peajes, en su conjunto, disminuirían un 10%, pasando de 28,4 euros por MWh a 25,1 euros por MWh, lo que implica una rebaja del 5% en la factura de un hogar.

La inversión generaría 40.000 empleos e impulsaría la industria nacional, responsable del 90% de los equipos a instalar.

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