Subsidio-energia

El Ministerio de Energía podría tener listo a finales de marzo la proposición de ley que permita ajustar las cantidades que reciben las compañías eléctricas y gasistas en distribución y transporte.

España es un país escaso en recursos energéticos, lo que supone que acertar en política energética sea clave para su desarrollo económico. Una tarea complicada si tenemos en cuenta que, en los últimos años, muchas de las medida adoptadas por el Gobierno en esta materia no han sido del agrado del sector al considerar que algunas de ellas vulneran, en mayor o menor medida, sus intereses. Los frentes de batalla abiertos son numerosos y la posibilidad de alcanzar acuerdos satisfactorios entre ambas partes,prácticamente una utopía. Al escenario actual hay que sumar un conflicto más: el anuncio hecho hace unas semanas por el Ministerio de Energía de ajustar las cantidades que reciben las compañías eléctricas y gasistas por sus redes de distribución y transporte tras detectar una sobrerretribución en sus ingresos por estos activos regulados. Con esta iniciativa se pretende evitar, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal, “que se ponga en peligro la actual estabilidad del sistema y reducir el precio que pagan los consumidores en sus facturas de gas y electricidad”. Esta declaración de intenciones ha levantado una gran polvareda en el sector y ha castigado duramente la cotización de las empresas energéticas directamente afectadas como Enagás, Gas Natural Fenosa, Red Eléctrica, Endesa e Iberdrola que, en tan solo dos días, perdieron en bolsa más de 3.100 millones de euros. Esta no es la primera vez que se produce una situación similar. En septiembre del año pasado, el informe de Goldman Sachs que advertía sobre los recortes que se avecinaban para las eléctricas provocó una importante caída en bolsa de las principales compañías del sector superior a los 2.200 millones en una sola jornada bursátil. Aunque en un principio se llegó a especular que el ‘hachazo’ podría rondar los 750 millones de euros solo en el caso del gas, lo cierto es que el impacto final por los recortes no superará, en su conjunto, los 250 millones anuales. De esta cantidad, algo menos de 200 millones recaerán en el sector eléctrico mientras que el máximo para las gasistas será de unos 50 millones, aunque el impacto definitivo dependerá, según Nadal, “de los cálculos que realice la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”. Precisamente fue la CNMC la que propuso en primera instancia al Gobierno reducir la retribución regulada de la actividad de distribución eléctrica para adecuarla a la evolución a la baja de los costes. En el informe económico-financiero publicado a mediados de enero sobre dicha actividad, el regulador deja patente que los ingresos de estas compañías se han disparado, ya que su rentabilidad media supera el 12 por ciento. En constraste, la legislación establece que la retribución financiera de la distribución tiene que ser del 6,5 por ciento, que se obtiene añadiendo un diferencial de 200 puntos básicos sobre el rendimiento de Bono del Tesoro a diez años. Según el ministro, la intención del Gobierno es recortar cerca de 100 millones los pagos que se realizan por el llamado factor de retardo que retrasa en dos años los ingresos que reciben las centrales. En estos momentos, se aplica un interés del 10 por ciento y la pretensión de Nadal es rebajar esa cantidad. A esta propuesta se suma otro recorte de unos 70 millones que se obtendría de revisar los plazos de amortización de activos, tal y como solicitaron los pequeños distribuidores y en línea con la petición de lesividad que el Gobierno presentó en septiembre del año pasado al Tribunal Supremo. También actualizará los parámetros de retribución de las centrales extrapeninsulares, cuyo impacto podría alcanzar los 20 millones. El ajuste supondría adelantar la revisión de la retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de eléctricas y gasistas, cuando el periodo regulatorio de las primeras expira el 1 de enero de 2020 y el de las segundas el 31 de diciembre del mismo año. Este adelanto implica, según algunos expertos del sector, “cambiar las reglas del juego a mitad del partido”, algo con lo que no contaban en estos momentos. La manera de sacar adelante estos recortes también ha variado. La intención de Energía fue, en un principio, introducir varias enmiendas dentro de la Ley de Medidas Urgentes contra la Sequía que se estaba tramitando en el Senado aunque, finalmente, las propuestas se tramitarán como Proposición de Ley en el Congreso tras el rechazo mostrado por la Comisión de Industria. El Ministerio de Energía contactó hace unas semanas con el resto de partidos políticos de la oposición para buscar su apoyo, aunque ninguno de ellos se posicionará definitivamente hasta no conocer con detalle el texto que, según fuentes cercanas a elEconomista Energía, podría estar listo a finales de este mes.

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