Este año debía ser el primero en el que las empresas de distribución y transporte de electricidad fuesen retribuidas por el Estado por el valor de las instalaciones que posee cada una y por las inversiones realizadas para el desarrollo de sus redes. Así consta en el Real Decreto 1.048/2013, que concreta una medida prevista unilateralmente por el Estado desde el 2009. De esta forma se le daría carpetazo al actual sistema de pago a las distribuidoras mediante una valoración subjetiva y transitoria pero que se viene prorrog ando año tras año. Así será también en el 2015.

El incumplimiento ha soliviantado a las distribuidoras eléctricas gallegas con menos de 100.000 clientes en sus redes, damnificadas en su mayoría por la no aplicación de la ley. Son 34 en total, de las que 30 se integran en la Asociación de Productores y Distribuidores de Energía de Galicia (Apyde). Esgrimen dos argumentos. El primero es que al no entrar en vigor la nueva normativa de cobro, dejan de ingresar casi 8 millones de euros que les corresponden en atención a los activos que poseen, según estipuló el propio Estado. Aseguran que parte de ese dinero se reinvertiría en el mantenimiento de las redes, por lo que también salen perdiendo los usuarios.